El reto de las obligaciones

Xabier Ezeizabarrena. Email: xabi.ezeiza@icagi.net

El logro de un sistema público de servicios en clave de sostenibilidad necesita importantes cambios de actitudes. En este contexto, el discurso preponderante en el ámbito político y social nos habla de los Derechos Fundamentales de las personas, de sus derechos económicos y sociales, así como de los derechos culturales, en clave individual y colectiva.

Son muy pocos los que se atreven no sólo a reclamar el cumplimiento de todos esos Derechos Fundamentales si no, también, a reconocer obligaciones jurídicas de importancia que los ciudadanos debemos cumplir. Frente a una visión paternalista de la Administración como garante de los derechos y servicios, es preciso reconocer que las conquistas sociales en forma de derechos traen consigo obligaciones como ha venido sugiriendo el sociólogo Hans Harms.

Un ejemplo de lo anterior viene representado por el más fundamental de todos los Derechos Humanos. Me refiero al derecho a la vida de todas las personas, de manera que su protección no exige, simplemente, la garantía del mismo por parte de una Administración, puesto que su propia existencia impone a la sociedad una serie de obligaciones. Esto es, al reconocimiento originario y positivo del derecho a la vida como una norma inquebrantable es necesario anudar la obligación del Estado de no violar dicho reconocimiento, así como la obligación de toda persona o colectivo de respetar el mismo.

Otro ejemplo se corresponde con la protección del derecho a la libertad de expresión. Tan importante como su protección a través de la Administración es la constatación de que tal derecho implica obligaciones positivas y negativas. Obligaciones que suponen límites, para no permitir ejercicios abusivos del derecho o que puedan quebrantar los derechos de terceros, su dignidad o su intimidad personal y familiar, entre otros. Ante el discurso de una sociedad que quiere mantener y, en su caso, aumentar sus derechos, es necesario abordar el cumplimiento y desarrollo de las obligaciones inherentes a tales derechos. Si esto es palpable en el plano de cualquier derecho fundamental, resulta fundamental para el logro de un objetivo como el desarrollo sostenible.

Algo similar sucede con el derecho a un medio ambiente adecuado reconocido en las Constituciones modernas. Si este derecho genera obligaciones para las Administraciones, implica igualmente obligaciones para cada uno de nosotros, empezando por los comportamientos individuales y colectivos que generan impactos ambientales. Así, tenemos derecho, en función de la legislación, a vivir en un medio ambiente adecuado lo que implica que nosotros mismos tenemos la obligación de no contaminar nuestro entorno, cuidar el mismo y educar en dichas prácticas a nuestros congéneres. Como en el caso de los derechos, estas obligaciones son nítidas en el plano teórico pero su aplicación real depende de voluntades individuales y colectivas. A tal fin, los mecanismos coercitivos pasan por aquellas vías que se desarrollan en la legislación sectorial.

La cuestión relativa a las obligaciones ciudadanas es un imperativo de la propia lógica. No es posible mantener un Estado y una Administración básicamente paternalistas si la sociedad no se implica, activamente, en la sostenibilidad real de los servicios públicos y en los retos que implica el desarrollo sostenible.

Estos compromisos implican obligaciones fiscales, comportamientos sostenibles en el transporte, en el consumo de energía y agua o, por ejemplo, apuestas específicas en el consumo y los residuos. El sostenimiento de los servicios públicos exige la asunción de compromisos por parte de los ciudadanos a la hora de su mantenimiento, de su uso y de su sostenibilidad. No es posible pedir los mismos esfuerzos en tal sentido a un joven de economía desahogada que a una familia con una situación de desamparo. La Administración, con un criterio equitativo, debe abordar estas situaciones de forma equitativa. Eso sí, siendo consciente de que su tarea no es exclusivamente la de prestar servicios y derechos a diestro y siniestro, si no, también, la de encontrar en el tejido social a una ciudadanía activa que sea colaboradora en el logro del desarrollo sostenible. El Estado del bienestar, por tanto, también ha de ser sostenible con la colaboración de la sociedad.

El reto de las obligaciones implica que los ciudadanos seamos conscientes de que la Administración no es un “Ave fénix” que todo lo puede cuyos servicios se extienden sin límite. La Administración debe garantizar y fomentar los Derechos Fundamentales de los ciudadanos en su totalidad, así como los servicios públicos básicos que constituyen la sanidad, la educación, el transporte, la gestión de las emergencias, la seguridad, el acceso a la cultura, los suministros, el acceso a la vivienda en alquiler y tantos otros. Mientras tanto, existen algunos otros “servicios públicos” cuyo mantenimiento es perfectamente discutible en base a criterios económicos, de sostenibilidad y de obligaciones ciudadanas.

En otras palabras, ser ciudadano no implica únicamente ser titular de derechos y servicios públicos que la Administración debe garantizarnos. Ser ciudadano implica adoptar una aptitud y una actitud positiva en favor de los Derechos Fundamentales de todos, de la sostenibilidad de los servicios y, entre otras cuestiones, de impulso activo a la sostenibilidad ambiental, económica y social del sistema.

(Goiko irudia, Joseba Gurutz de Vicente-ri esker)

El medio ambiente y la nueva soberanía

Xabier Ezeizabarrena. Email: xabi.ezeiza@icagi.net

La protección del medio ambiente, el Derecho y el concepto de soberanía se están viendo afectados por cambios de calado en las últimas décadas. Las razones son diversas y guardan relación directa con los constantes cambios que vienen aconteciendo en nuestras sociedades y en sus ordenamientos, cada vez más globalizados. En otras palabras, legislaciones cada vez más interrelacionadas y sujetas a importantes límites internacionales y de la UE.

El principio clásico de la soberanía según Jean Bodin se ha suavizado de manera significativa. De hecho, casi ningún Estado es plenamente soberano en la actualidad, entre otras razones porque tanto el paradigma de los derechos fundamentales como los tratados y convenios internacionales imponen obligaciones y límites a todos los Estados democráticos.

 La cuestión presenta potencialidades de importancia en la dinámica ambiental del planeta y su protección. En este caso, dado que los ecosistemas, los recursos naturales, sus relaciones e impactos desbordan cualquier límite territorial impuesto por el Derecho yla política. Tantoo más sucede con las catástrofes naturales, su prevención o las sequías que sufren muchos lugares. Estos y otros tantos fenómenos con implicaciones en la salud ambiental de la tierra no conocen límites territoriales ni son receptivos a respuestas jurídicas locales, regionales o parciales. De poco sirve que ante un accidente nuclear el régimen de responsabilidad civil ambiental en los países nórdicos sea muy estricto, si el mismo no tiene los mismos contornos en los países vecinos a Escandinavia o enla misma Rusiade cara a una posible respuesta.

Como es conocido, un eventual impacto en cualquiera de los lugares apuntados tendrá implicaciones en el medio ambiente de los Estados vecinos, en la calidad de las aguas fluviales y en las propias emisiones contaminantes a la atmósfera o en su nivel de inmisiones. Ello supone que el principio de soberanía clásica que acompaña a la aplicación del Derecho no es eficaz en materia ambiental ni facilita respuestas uniformes a las problemáticas ambientales globales.

Por ello, el papel del Derecho Internacional y los nuevos conceptos de soberanía vuelven a ser relevantes en este contexto, puesto que la utilización política de los ordenamientos jurídicos se ha exprimido hasta límites insostenibles. De este modo, el papel del sistema internacional en la materia es también fundamental. De hecho, es el propio sistema internacional el que impone toda una serie de límites al concepto clásico de soberanía. Sin duda, los más importantes son los derechos fundamentales de todos los individuos, a día de hoy implicados directamente en la defensa del medio ambiente.

Consecuentemente, el concepto actual de soberanía comienza a alejarse del poder omnímodo de los Estados para acercarse a modelos de soberanía limitada o compartida. Subsisten, sin embargo, Estados anclados en las nociones del pasado cuyos sistemas se resisten a cumplir los parámetros internacionales o a compartir soberanía. El ejemplo más evidente es el de los Estados Unidos que, en general, busca y practica una política radicalmente contraria a la limitación de su soberanía o a la idea de compartir la misma.

Además, la globalización del mundo occidental y la economía libre de mercado han impuesto a las sociedades más desprotegidas todo un abanico de límites a sus propios gobiernos y políticas que cada vez se alejan más de ser plenamente soberanos. Lo que falta por saber es si los Estados desarrollados que auspician el sistema jurídico internacional comparten dicha reflexión y son capaces de comprometer sus niveles de bienestar y capacidad productiva a cambio de la solidaridad activa que precisan aquellos que no pueden participar en este fenómeno de la globalización.

Estos límites son de interés en materia de protección del medio ambiente y recursos naturales. De este modo, el ejercicio del poder y sus políticas públicas, de inversión, de infraestructuras y de transporte también deben sujetarse a controles. Limitaciones cuantitativas y cualitativas en la medida en que dichas políticas deben ser conscientes de la imposibilidad de desarrollarse y ejecutarse más allá de la capacidad de aguante de la propia biosfera o más allá de la capacidad de regeneración natural dela naturaleza. Tambiénresulta necesario que las políticas de inversión en general y, en particular, las de gestación de nuevas infraestructuras, se ejecuten mediante índices de rentabilidad social de sus impactos. Es decir, resulta imprescindible que nuestras administraciones públicas se comprometan a elaborar y contrastar sus inversiones mediante dichos índices. Ello implica conocer, medir, cuantificar y comparar opciones para que en la toma de decisiones sea posible optar por aquella inversión o infraestructura con una mayor rentabilidad social en términos de creación de empleo, impacto ambiental, número de usuarios, impacto en el transporte y, por ejemplo, generación de bienestar.

En suma, hay toda una serie de elementos objetivos y subjetivos que deben contribuir a que las Administraciones Públicas dibujen y ejecuten sus políticas con un compromiso claro de sostenibilidad en los tres ámbitos de la misma, esto es, midiendo la rentabilidad social, ambiental y económica de cada decisión pública. Algo tan elemental como lo anterior se presupone en el terreno de lo teórico y desde el punto de vista dela planificación. Sinembargo, la práctica demuestra que algunas decisiones públicas se adoptan sin certeza alguna sobre sus índices de rentabilidad social, económica y ambiental.

Es preciso ser conscientes de que el modelo de poder sustentado en una soberanía plena o cuasi absoluta que ejecuta sus dictados sobre una determinada sociedad está sufriendo mutaciones conceptuales y prácticas. Ello afecta no sólo a la economía si no al propio Derecho, a las cuestiones ambientales, a la energía o a la política pesquera, entre otras. Las viejas recetas del ejercicio del poder político no son necesariamente válidas en la actualidad y ello implica formas de poder compartido, difuso o en red que debe generar una mayor participación y receptividad de la sociedad en su conjunto.

Política ambiental y salud pública

Xabier Ezeizabarrena. Email: xabi.ezeiza@icagi.net

Salud pública y contaminación constituyen un binomio de singular importancia que se encuentra íntimamente relacionado, tanto entre sí, como con el modelo económico de desarrollo, los sistemas de producción y consumo, así como con la propia contaminación industrial o la producida por el transporte como elementos más relevantes.

Los datos dela Organización Mundialde la Salud (OMS) son elocuentes. Unas 800.000 personas fallecen cada año como consecuencia derivada de la contaminación del aire yla atmósfera. Las NacionesUnidas estiman que el 65% de estas personas habita en países en desarrollo del contexto asiático. El aire o una atmósfera contaminada son causa del empeoramiento de la salud de personas que padecen enfermedades pulmonares o cardíacas, lo cual se ve agravado en procesos de contaminación crónica en el tiempo y en el espacio, tal y como sucede en muchas de las grandes metrópolis asiáticas.

En el caso de Europa, la OMS cifra en 8,6 meses la reducción en la vida de los europeos como consecuencia de la contaminación del aire. Tanto las emisiones industriales como las derivadas del transporte son los problemas más importantes y objeto de políticas públicas difusas, cuyos resultados vienen resultando más que discutibles respecto de fenómenos bien conocidos como la Evaluación del Impacto Ambiental de determinadas infraestructuras o la intervención pública para reducir o eliminar, en su caso, el uso generalizado del vehículo privado. De hecho, se estima que en torno a la mitad de las emisiones de efecto invernadero se generan por vehículos de transporte por carretera.

Mientras el retrato de Occidente arroja datos como los anteriores, lo cierto es que los países en desarrollo demandan igualmente el derecho a contaminar del que hemos gozado los demás durante centurias, especialmente desde el contexto de la revolución industrial.

Al mismo tiempo, nos venimos enfrentando a problemas de contaminación de las aguas en muchos lugares del mundo. Esta contaminación tiene un enorme potencial activo de cara a la propagación de la diarrea y otras enfermedades análogas. El agua es fundamental para nuestro sustento básico, pero también para desarrollo humano en condiciones mínimas de salubridad. Las cifras en este ámbito no dejan de ser alarmantes segúnla ONU. Unos1000 millones de personas carecen de acceso a agua limpia y potable, mientras más de 2000 millones no tienen instalaciones básicas de saneamiento. Este tipo de contaminación resulta grave por su facilidad para afectar a otras especies y para internarse sin problemas en el ciclo de las cadenas tróficas de manera que todo el ciclo de la vida puede verse afectado en periodos de tiempo relativamente cortos, que dificultan la capacidad de respuesta de una sociedad. Una vez más, tiempo y espacio superan, con creces, cualquier planteamiento jurídico o político al verse éstos desbordados por la naturaleza en toda su dimensión local, global y en sus interrelaciones. A ello hay que añadir las migraciones o desplazamientos de poblaciones de aquellos lugares en los que no hay acceso al agua o la misma se encuentra contaminada.

La contaminación afecta igualmente a los suelos y, por tanto, a su capacidad productiva y a la propia agricultura, sea ésta industrial o de subsistencia. Este fenómeno puede no ser fácilmente perceptible a primera vista, pero un suelo contaminado por vertidos, fertilizantes o residuos de tipo industrial es un recurso natural que tarda décadas en recuperarse. De hecho, la descontaminación de suelos precisa tecnologías muy costosas, largos periodos de tiempo y una descapitalización evidente en la capacidad productiva de un espacio determinado.

Pese al entramado normativo existente, lo anterior se ve agravado por la problemática de los residuos y la contaminación química, cuyos impactos reales son difícilmente mesurables enla actualidad. Muchosproductos químicos tienen todavía efectos desconocidos o no testados, mientras que desastres como los de Bhopal y Seveso han demostrado la impotencia de muchas sociedades para responder adecuadamente en situaciones de emergencia por contaminación. Buen número de contaminantes químicos poseen una gran capacidad de penetración en la cadena alimentaria, con un potencial de llegada muy rápido hasta los seres humanos. A este respecto, el Convenio de Estocolmo de 2001 agrupa determinadas sustancias químicas en tres categorías que paulatinamente deben erradicarse sobre el papel del Derecho Internacional escrito, pero que luego la práctica real de los Derechos internos de los Estados tiende a modular en su aplicación.

Esta contaminación química presenta unas características singulares que dificultan la actuación directa contra sus impactos. En general, los productos químicos tienen una facilidad extrema para propagarse en el medio natural. De hecho, por ejemplo, si bien en el Océano Ártico no existen industrias de importancia, los datos científicos constatan la presencia de distintos elementos contaminantes en los osos polares del Ártico. Su propagación ha debido producirse de la mano de los vientos y corrientes oceánicas en su deriva hacia el Norte.

En este complicado contexto, la OMS reconoce hasta 30.000 productos químicos cuyos riesgos potenciales no han sido nunca verificados. Esto significa que el principio de precaución ante los posibles riesgos e impactos de una tecnología o producto determinado cuyas potencialidades se desconocen invitaría a no asumir riesgos innecesarios con su comercialización y/o distribución. Tampoco existe verificación objetiva de los efectos de muchos productos químicos combinados que, individualmente considerados pueden ser inocuos, pero cuyos riesgos derivados de una combinación aleatoria siguen siendo desconocidos. En suma, nuestro modelo de desarrollo sigue basándose en una economía especulativa y de riesgo alejada del principio de precaución, que prefiere evitar verificar muchas cuestiones tecnológicas pendientes.

Pese a todo ello, nadie duda de que la protección de la salud pública ha de ser el primer criterio y objetivo de garantía de una política ambiental pública rigurosa que huya de las incertidumbres tecnológicas y garantice abiertamente la salud pública como un derecho de todos.

Agricultura, alimentación y derechos subjetivos

(goiko argazkia, Joseba Gurutz de Vicente-ri esker)

Xabier Ezeizabarrena. Email: xabi.ezeiza@icagi.net

La problemática del sector agrícola y el derecho a la alimentación no es ajena al concepto de desarrollo sostenible. Al contrario, la agricultura también va a guardar relación directa con el mismo y con un factor fundamental en relación con la dignidad del ser humano y sus derechos: la alimentación de las personas. Y en este contexto, conceptos como “soberanía alimentaria”, autosuficiencia en el abastecimiento o agricultura ecológica van cobrando, paulatinamente, un sentido que hace pocas décadas era muy difícil de imaginar. Sin embargo, lo cierto es que el instrumento de trabajo destinado a garantizar en el tiempo y en el espacio nuestro más esencial sustento físico, tampoco se ha mantenido ajeno a la especulación de los mercados y a la intervención directa de los flujos económicos habituales que rigen la economía libre de mercado.

De esta manera, no es posible garantizar siquiera el derecho a una alimentación básica de muchos seres humanos como un derecho de carácter subjetivo y directo, puesto que su ejercicio y disfrute, especialmente en los lugares más desfavorecidos del planeta, se encuentran condicionados a la capacidad de cada individuo y de cada comunidad para producir y/o adquirir aquellos productos y bienes que pueden garantizar, siquiera una mínima dieta diaria. Como es de sobra conocido, esta situación supone un auténtico caos alimentario en buena parte del mundo con implicaciones sociales y económicas que suponen, desde mi punto de vista, la evidente y sistemática violación de los Derechos Humanos de millones de personas. Esto es, el cumplimiento real de un derecho fundamental tan básico como el derecho a la alimentación se ve coartado en muchos contextos por la incapacidad productiva y/o económica de millones de personas para disponer de alimentos esenciales para la vida.

Precisamente por ello, resulta de especial importancia desarrollar un cuerpo teórico y práctico real sobre lo que significa el derecho a la alimentación de las personas, especialmente de los más pequeños, de la mano de conceptos como la soberanía alimentaria o el derecho subjetivo a la propiedad de la tierra y de sus frutos, especialmente allí donde la vida de las personas depende directamente de tal posibilidad. Si bien podríamos pensar que se trata de conceptos recientes, la costumbre universal de dar a cada recién nacido un trozo de tierra para su sustento era algo arraigado en muchas culturas indígenas y rurales como es el caso de la Incaica, entre otras comunidades milenarias. Esta costumbre convertida en Derecho, en el caso de los Incas es hoy algo desaparecido del Perú actual sin que pueda garantizarse el derecho a la alimentación de miles de sus ciudadanos, pese a la evidente vinculación teórica y práctica del derecho a la alimentación con el derecho a la vida.

Desde esta perspectiva, estaríamos ante dos derechos tan íntimamente ligados e interdependientes que, sin la mínima garantía del primero, la posterior aplicación del segundo resultaría del todo imposible. Pese a ello, ni los sistemas jurídicos domésticos ni el sistema internacional en su conjunto han logrado hacer posible y coherente el cumplimiento de ambos derechos en el plano global que observa impotente la muerte diaria de miles de personas, especialmente en África. Nos encontramos ante un problema social, ético y de perfiles económicos difíciles de abordar en el contexto del mercado libre y en competencia abierta. Básicamente, por qué pese a los muy diversos intentos civilizatorios y jurídicos que nos han precedido, lo cierto es que la propiedad de la tierra, del suelo en suma, no solo se ha liberalizado y separado, en muchos casos, de quienes la cultivan, si no que constituye un auténtico recurso de especulación económica y social en buena parte de Occidente y, particularmente, en España.

 Así, mientras el suelo y, por tanto, el derecho a la alimentación en nuestro contexto, son objeto de aproximaciones puramente económicas, otros lugares sufren el severo impacto de la imposibilidad real de garantizar el derecho a la alimentación de sus congéneres. Los retratos fieles de los informes de la ONU sobre la situación de África vuelven a demostrar, con crudeza, la lacra que se cierne sobre gran parte de este continente. De dichas reflexiones, más que recetas políticas reales, cualquier lector extraerá la amarga sensación de penuria y abandono absoluto que sufre buena parte del continente africano.

En resumen, y en este ámbito más que en cualquier otro, la retórica de los pronunciamientos políticos y su traslación al Derecho vivo mantienen una distancia alarmante con la realidad observada y vivida en muchos lugares del planeta. Esto supone que lo que debiera configurar un derecho básico de todos los ciudadanos sin distinción no funciona como tal en distintos lugares, si no como un derecho cuya plasmación en la práctica vuelve a estar sujeta al devenir de los ciclos económicos, de la propiedad del suelo y de los medios de producción, así como a la propia situación económica y social de cada contexto. Esto ha provocado que la agricultura no funcione como una herramienta de garantía global y local del derecho ala alimentación. Muyal contrario, este derecho se encuentra supeditado a los vaivenes del mercado y a la propia intervención de lo público para mitigar los casos en que el mercado haga difícil o imposible la garantía del derecho. En África ni siquiera la intervención de lo público puede lograr dicho objetivo por carecer de medios personales y materiales que dobleguen o suavicen la libre voluntad del mercado.

 

El reto de proteger la biodiversidad

 

Xabier Ezeizabarrena- Email: xabi.ezeiza@icagi.net

La Biodiversidad o diversidad biológica representa la variedad de seres vivos existentes a lo largo y ancho del planeta. Este concepto no se limita a cada uno de los seres vivos, si no que incluye todo el cúmulo de interacciones entre los propios seres vivos así como con el entorno en su conjunto. Por tanto, el presente y futuro de la biodiversidad se va a ver profundamente influenciado por el devenir de otros impactos ambientales derivados del cambio climático, la protección de los mares y sus pesquerías, el mantenimiento de los acuíferos y reservas de agua e, incluso, las diferentes políticas ambientales desarrolladas en cada momento.

 La riqueza de la biodiversidad del planeta es de tal magnitud que, pese al retroceso constante de la misma, no existe todavía un censo real de las especies que habitan en el planeta. La estimación científica habla de un arco de especies de tres a cien millones, si bien no se han llegado a censar ni siquiera los dos millones de especies de seres vivos en la actualidad. De modo que junto a los océanos, la biodiversidad es la otra gran desconocida de nuestro planeta con todo lo que ello implica desde el punto de vista de su protección, del desarrollo científico, de los programas médicos y de investigación así como de las posibilidades de obtención de patentes o productos farmacológicos en el ámbito médico y/o científico en general y los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos.

 Mientras tanto, si la tasa básica de extinción de especies venía a ser de una especie al año, en la actualidad la ONU estima que dicha tasa se ha multiplicado por mil. Lógicamente, este proceso de retroceso no es casualpues tiene su origen en el crecimiento exponencial de la demanda humana de alimentos, agua, materias primas, energía. Existe una profusa normativa al respecto que, sin embargo, no ha logrado detener o mitigar el rumbo de paulatina pérdida de la biodiversidad global, partiendo de la Convención de Diversidad Biológica de 1992 firmada con motivo de la Cumbre de Río. Una vez más, la letra de la ley o el Derecho Internacional no se aplican en la práctica con la misma facilidad con la que el papel aguanta sus dictados.

 Lo crucial en este contexto es ser conscientes de la dependencia real del ser humano de otras especies que, en muchos casos, se encuentran en peligro de extinción. La propia naturaleza y sus seres vivos son los que producen la oxigenación de la atmósfera, la purificación de las aguas o la fijación del nitrógeno. Tanto o más sucede para el reciclaje de nutrientes y residuos o la polinización de los cultivos. Sin naturaleza y seres vivos tampoco sería posible la fotosíntesis, lo cual interviene directamente en la producción del oxígeno necesario para que podamos respirar. En suma, nuestra dependencia de la riqueza biológica es de tal magnitud que acaba por resultar llamativo el nivel de irresponsabilidad planetaria reinante en relación con la protección de esta riqueza.

En realidad, como en otros contextos de reflexión, no hemos terminado de otorgar un valor ambiental, económico o social real a la diversidad biológica en sí misma considerada y más allá del valor pecuniario que se pueda otorgar a sus aplicaciones económicas directas, farmacéuticas, medicinales o de otra índole. Esto implica que la utilidad propia y real de la diversidad biológica acaba siendo dependiente o función de sus utilidades indirectas.

En el ecosistema natural no existen elementos aislados o ajenos a los procesos de relación constante. El ecosistema funciona como un todo interdependiente. Esa interdependencia lo es también con los seres humanos y con el entorno, de modo que los impactos producidos en cada elemento de la biodiversidad van a producir, igualmente, reacciones en el entorno, en otros elementos de la biosfera e, incluso, en las condiciones de vida de los seres humanos. Tales impactos pueden ser, en ocasiones, minúsculos, pero su acumulación en el tiempo o la acumulación de sus propias magnitudes pueden agravar la propia realidad de los mismos y su relación directa con el ecosistema en su conjunto.

La eliminación de una determinada especie pueda afectar de manera importante a todo un ecosistema. Un ejemplo significativo se produjo en 1977 en Bangladesh, cuyo gobierno advirtió la oportunidad comercial y gastronómica de comercializar sus ranas en Europa. Esto produjo un descenso radical de la población de ranas, llegándose a un descenso de las mismas en un 60%. El impacto fue terriblemente negativo a nivel local pues las ranas, además de comer insectos, evitan la propagación de enfermedades y plagas tropicales y fertilizan naturalmente los arrozales. Con el descenso de la población de ranas, Bangladesh tuvo que importar fertilizantes e insecticidas de forma masiva con el impacto económico, ambiental y social que ello supone. Por lo tanto, la protección y conservación de la diversidad biológica no es una opción estética o de marketing comercial verde. Supone, casi siempre, una necesidad derivada de la propia naturaleza de los ecosistemas y sus relaciones. Es una opción de vida natural que afectará a la propia subsistencia de otras especies y de sus ecosistemas.

Igualmente, implicará la necesidad de adoptar toda otra serie de decisiones con contenido económico o social real derivadas de la consideración de la diversidad biológica como una riqueza conformada por bienes naturales que, en general, son insustituibles. Es decir, en su inmensa mayoría el hombre es incapaz, a día de hoy, de producir bienes alternativos que puedan realizar tales funciones de manera natural y mucho menos hacerlo a costes económicos razonables. Por tanto, dar un valor ecológico, social y también económico a la biodiversidad es una tarea imprescindible.

Vuelve a ser necesario un esfuerzo en la internalización de los costes ambientales, en este caso de los recursos que componen la diversidad biológica. Tanto en el sentido positivo de conocer su valor real desde el punto de vista ambiental, como en el sentido inverso, para conocer el coste económico y social de aquellas decisiones que faciliten su eventual desaparición o deterioro. De este modo sería posible obtener un retrato real, con contenido económico, antes de la toma de decisiones que afecten a la biodiversidad y a sus economías de escala. En un cómputo riguroso de esa naturaleza, el valor de la biodiversidad sacrificada o exportada es tan ingente que su conservación se hace imprescindible. En el caso de Bangladesh en 1977, no tanto por el valor concreto de las ranas, si no más bien por las consecuencias de una decisión que implique prescindir de ellas allí donde eran imprescindibles para la vida e incluso para ciclos vitales básicos que afectan a miles de seres humanos, desde una perspectiva de salud pública.

En este contexto, los datos científicos avalados por la ONU siguen siendo elocuentes. Así, en 2005 el Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó una evaluación de los ecosistemas mundiales cuyos datos, resumidamente, no dejan lugar a demasiadas dudas:

a)        Un tercio de los anfibios y un quinto de los mamíferos del planeta se encuentran amenazados de extinción.

b)        Un 90% de los grandes peces predadores de los océanos han desaparecido coincidiendo con el auge de la pesca de arrastre industrial.

c)        Desde 1945 se ha dedicado más suelo a la agricultura que en la totalidad de los Siglos XVIII y XIX.

d)        Desde 1985 hasta hoy, los suelos del planeta han recibido más de la mitad de los fertilizantes nitrogenados sintéticos utilizados desde el año de su descubrimiento en 1913.

 En resumen, la biodiversidad constituye una riqueza de valor incalculable cuya protección es imprescindible en clave de sostenibilidad, no sólo por el valor específico de cada especie de flora y fauna, si no también, porque nuestra supervivencia como especie depende directa o indirectamente de la propia biodiversidad.

Energía y sostenibilidad

Xabier Ezeizabarrena. Email: xabi.ezeiza@icagi.net

La cuestión energética y su problemática trascienden las fronteras de los Estados, de la Unión Europea y del marco internacional. La problemática energética supera todo lo anterior y contiene implicaciones ambientales, económicas y sociales de primera magnitud. No es posible mantener una mínima dignidad en la vida de los seres humanos sin garantizar un suministro energético básico. Tampoco es factible desarrollar actividades agrícolas, ganaderas y/o industriales sin garantizar el suministro energético. A día de hoy, buena parte del planeta no tiene garantizada dicha posibilidad.

Para ello, el papel de las energías renovables es fundamental, aunque su implantación sigue sufriendo el impacto económico que supone la no internalización de los costes ambientales derivados del uso de los combustibles fósiles, entre los que cabría citar el carbón y el petróleo. Es decir, si desde las diferentes instituciones no somos capaces de computar el coste ambiental y económico derivado de las emisiones de CO2 a la atmósfera, resultará difícil poder visualizar como rentable la inversión en fuentes energéticas renovables que disminuyan o eliminen dichas emisiones.

Siendo este aspecto de vital importancia, no lo es menos el reto que supone abordar el ahorro y la eficiencia energética, independientemente de cual sea la fuente de referencia. Este aspecto es fundamental si consideramos que la energía se encuentra presente en todas partes; está en movimiento de manera que el ahorro y su eficiencia en la gestión y el consumo son posibilidades reales que debemos abordar en las instituciones, en el transporte, en la industria, en la producción y en nuestros hogares. En otras palabras, se puede ahorrar energía de manera significativa en todos aquellos lugares en los que la energía está presente. En esos mismos lugares se puede hacer un consumo y una gestión energética más eficaz. Todo ello es independiente del recurso energético. Cosa diferente es que estemos preparados para asumir dicho reto. En resumen, sabemos qué hay que hacer para ahorrar energía y ser más eficientes, pero normalmente no lo hacemos.

            Así, en lugares de trabajo diversos es habitual observar el aire acondicionado o la calefacción funcionando independientemente de las circunstancias meteorológicas. Tanto o más sucede en los transportes públicos, en edificios públicos y privados o en el ámbito educativo y universitario.

            Y el Derecho sigue pretendiendo regular estas cuestiones con poco éxito. Fundamentalmente, por qué la cuestión es más cultural que jurídica. Depende más de nuestros hábitos de consumo y de ocio que de la capacidad coercitiva de las leyes. Poco importa que el legislador considere que la temperatura ideal en los edificios públicos ha de ser de 21º, si los usuarios deciden que 25º es su temperatura adecuada. Tanto monta para decisiones curiosas como la adoptada temporalmente en España sobre límites de velocidad en las autopistas. Lo que en primavera de 2011 iba a suponer un considerable ahorro energético en combustible por bajar de un límite de120 km/h a otro de 110, se convirtió en un ahorro inexistente compensado por el gasto en el cambio por dos veces de las señales de tráfico que finalmente vuelven a señalar 120 km/h ante la estupefacción general. Este ejemplo de política pública vuelve a ratificar la impotencia del Derecho para el logro de fines como el ahorro energético, que no dependen de las leyes si no de la propia gestión pública diaria de administraciones y ciudadanos.

            Además, la horizontalidad de las cuestiones energéticas está fuera de toda duda. Las implicaciones económicas de una opción energética u otra son de calado; tanto como lo son los impactos ambientales derivados del uso de combustibles fósiles frente a los que puedan derivarse de las energías renovables. La internalización de los costes ambientales derivados de cada decisión nos ubicaría ante un retrato real, con contenido económico, de los costes ambientales, sociales y económicos de las decisiones relacionadas con la energía. Lo anterior en la práctica más cercana nos dice que Navarra ha optado por un modelo energético casi autosuficiente sobre la base de la energía eólica y las pequeñas centrales hidroeléctricas. Dicho modelo energético, sin embargo, es muy diferente al que se aplica en el resto de la península o en Francia. El modelo de sostenibilidad energética aplicado en Navarra demuestra su utilidad en un contexto muy reducido, sin que resulte posible, de momento, generalizar un modelo energético que garantice la autosuficiencia en el abastecimiento a una comunidad política o geográfica de mayor envergadura.

            Esto no resta importancia ni mérito a las opciones de sostenibilidad energética en el ámbito regional y local. Al contrario, las fortalece en su necesidad de mayor dimensión. Lo que hace es demostrar la necesidad de apostar por modelos energéticos más limpios, basados en la sostenibilidad y cuyos impactos ambientales sean menores en el espacio y en el tiempo.

            Mientras tanto, la demanda energética mundial sigue creciendo de manera proporcional al desarrollo económico de las nuevas economías que tampoco tienen por qué renunciar al modelo de crecimiento cuantitativo que han observado y heredado de Occidente. Bien sea en el sector de la construcción, en el transporte, en las grandes obras públicas o en la actividad económica privada, la demanda energética global seguirá creciendo mientras no se opte por un modelo de desarrollo diferente, más humanizado y que no se base exclusivamente en la generación de consumo, riqueza e inversión cuantitativos. En este contexto, nos encontramos ante un dilema político, económico y ambiental, pero también ante un reto filosófico y ético sobre nuestras concepciones del bienestar y de la vida. Es un reto personal, social y global que implica decisiones de calado ético sobre las pautas de vida en las que nos hemos acostumbrado a convivir. El Derecho, la economía y la tecnología pueden ayudar a gestionar dichos retos, pero su resolución afecta a decisiones sobre el significado de la vida en nuestra relación con la naturaleza. El problema de fondo sigue residiendo en decidir si queremos vivir en armonía con ella o en una lucha permanente.

 

Urdaibai- Sentencia del Tribunal Supremo

Judgment of the Spanish Supreme Court on Urdaibai UNESCO Reserve:

STS Urdaibai.

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