Xabier Ezeizabarrena, Email: xabi.ezeiza@icagi.net
(goiko irudia Biderbost-i esker/upper drawing by Fernando Biderbost)
En el complicado marco global de las pesquerías, la nueva Política Pesquera Comunitaria (PPC) necesita reformas sustantivas en materia ambiental y de conservación de los recursos marinos. Este proceso recién abierto desdela Comisióny el Parlamento Europeos debe poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que siguen pendientes, especialmente para las flotas artesanales y de bajura. Es preciso garantizar un cumplimiento real de los acuerdos de pesca y de la normativa comunitaria que afecta al sector pesquero, procurando distinguir la pesca realizada con métodos y artes sostenibles de aquella cuyo desarrollo mantiene una razón exclusivamente económica. Es imprescindible priorizar la selectividad de técnicas y artes, evitar los descartes y las capturas de especies no objetivo.
Entre las cuestiones a abordar, con carácter general, se encuentra la problemática de las redes de deriva todavía vigentes en algunas aguas, el arrastre pelágico, la problemática del stock de anchoa y el peligro de generalización de las denominadas Cuotas Individuales Transferibles con su riesgo evidente de privatización de los recursos pesqueros. Resulta necesario abordar estas y otras cuestiones, desde la perspectiva de la sostenibilidad de los recursos, del sector y desde la perspectiva social que representa una cultura y una forma de vida cuyos contornos requieren de nuevas aproximaciones políticas y jurídicas que nos acerquen a la sostenibilidad real y a la protección efectiva de los recursos marinos.
Mientras la flota cantábrica de bajura sigue sumida en una profunda crisis estructural, la nueva PPC debiera diferenciar debidamente las problemáticas pesqueras de las distintas flotas en el contexto comunitario optando por pautas de reflexión completas que nos aproximen, con contenido social real, al fenómeno pesquero en clave de sostenibilidad.
Todo ello, junto a las cuestiones políticas y jurídicas de distinta naturaleza, debe partir de una premisa clara: la existencia de límites en las pesquerías de los océanos, tal y como sucede con todos y cada uno de los recursos naturales. Ello exige establecer o renovar los compromisos adquiridos para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.
En este contexto, el principio de integración ambiental en las políticas comunitarias se ha fortalecido formalmente, pero la política pesquera dela UEsigue sin integrar este principio en la política pesquera, cuyo análisis se mantiene casi como estrictamente económico.
El caso de la flota cantábrica de bajura es sintomático sobre la situación de escasez de recursos que se vive en el Golfo de Bizkaia. Además del paulatino descenso de los stocks y las capturas, el sector debe enfrentarse a factores externos que distorsionan la gestión sostenible de los recursos marinos. Para hacer frente a este fenómeno, la participación del sector en el complicado contexto dela UEes una necesidad inaplazable. El Derecho Internacional, mientras tanto, se muestra impotente para lograr la ejecución de sus dictados, a pesar de sus notables avances retóricos en materia de protección de los mares y sus recursos.
En el plano dela UEvienen siendo habituales las Sentencias del Tribunal de Justicia dela ComunidadEuropea(TJCE) que constatan la violación, más o menos sistemática, del Derecho Europeo. Entre otras,la Sentenciadel TJCE de 12-7-2005 (Asunto C-304/02) puede y debe marcar un antes y un después en el nuevo dibujo dela PolíticaPesqueraComunitaria.
El TJCE considera que la obligación de los Estados miembros de velar por que las infracciones de la normativa comunitaria sean objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias reviste gran importancia. En efecto, si las autoridades competentes de un Estado miembro se abstuvieran de ejercitar acciones de esta índole contra los responsables de las infracciones, correrían grave peligro tanto la conservación y la gestión de los recursos pesqueros como la ejecución uniforme de la PPC.
Los criterios normativos y jurisprudenciales en esta materia aparecen bastante claros, como consecuencia directa de los límites existentes en las pesquerías. Otra cosa es que el cumplimiento real de estos parámetros sigue estando pendiente en muchos contextos. Con ello, la política pesquera debe decantarse por reafirmar la necesidad de cumplimiento de la normativa por parte de los Estados y del sector pesquero. Ello requiere una visión sostenible y responsable de la explotación de las pesquerías enla UE, muy en la línea de cuanto se apunta en esta importante Sentencia del TJCE.
Este ejercicio de responsabilidad colectiva en la defensa de las pesquerías redundará, igualmente, en la protección de los derechos que asisten a las comunidades pesqueras tradicionales sobre los recursos del mar. El fenómeno de la globalización económica no debiera encontrar apoyos jurídicos para el expolio de los océanos y, con él, el ahogo social de quienes necesitan del mar para subsistir.
